La carga financiera que implica para las municipalidades el manejo de residuos se ha vuelto importante, en la medida que las ciudades se densifican, crecen las actividades económicas en los cantones y el consumo genera una cantidad importante de residuos.

El paulatino abandono en el uso del vidrio en la industria de bebidas, por ejemplo, el aumento de los empaques plásticos y el consumo de productos plásticos de un solo uso, son solo una muestra de cómo el volumen de residuos se está incrementando también por persona. De hecho, según una publicación del Banco Mundial del 2019, los latinoamericanos producimos un kilo de residuos sólidos por persona por día, siendo los alimentos la mitad de lo que desechamos. Esta entidad prevé que en los próximos 30 años el volumen de residuos crezca un 70%, lo que obliga a pensar en soluciones nuevas y a evitar seguir enterrando, literalmente, este problema.

A lo anterior se suma el que, en muchos casos, las tasas cobradas por los municipios son insuficientes para cubrir los costos de la prestación del servicio de recolección, haciendo que se deban tomar recursos de otras fuentes para cubrir los gastos provocados por el manejo de residuos, lo que complica las iniciativas de los gobiernos locales para separar la recolección y manejo de residuos valorizables.

Muchos municipios han optado por implementar estrategias para promover la recolección separada de residuos valorizables, lo que reduce la cantidad de residuos sólidos que deben ser transportados hasta alguno de los rellenos sanitarios, con el consiguiente ahorro en gastos de transporte y de depósito de esos residuos, así como la reducción en la huella de carbono del proceso.

Por otra parte, la recolección, separación y procesamiento básico de los residuos valorizables por parte de las municipalidades tiene un costo, que en teoría debería ser resarcido por la comercialización de estos residuos. Pero no todas han logrado desarrollar un mecanismo suficiente para lograr ese fin, que debería implicar el establecimiento de un centro de acopio de residuos, que opere de forma eficiente y suficiente.

Un reto importante en el proceso es que un centro de acopio creado para manejar residuos valorizables pueda funcionar de manera eficiente, pues entre más exitoso el gobierno local en promover un adecuado manejo de residuos valorizables, mayor será el gasto que requerirá del proceso, pues más grande será el volumen a procesar.

 

¿Quién adquiere estos residuos valorizables y a qué precio le compra esos residuos a los municipios?

El nivel de productividad con que opere será importante, para lo cual deberá pensarse en la tecnificación y automatización del proceso en la mayor medida posible, para lo cual deberán invertirse recursos en esa actividad. Aquí es, entonces, donde llegamos a uno de los principales cuellos de botella de este proceso: ¿quién adquiere estos residuos valorizables y a qué precio le compra esos residuos a los municipios?

Algunos municipios se han quejado que el precio recibido es muy bajo, pues los principales compradores son empresas que exportan los residuos para ser procesados en otros países. Eso implica que estos compradores incurren en otros costos, como el transporte internacional, y podría ser que deban buscar compradores para su producto en otros lugares, lo que reduce la rentabilidad esperada del negocio y con ello la posibilidad de ofrecer un mejor precio a los municipios por sus residuos.

El desafío

El desafío sería impulsar el desarrollo de una industria local de procesamiento de residuos, que pueda crear un mercado más amplio de empresas locales que procesen estos residuos en el país, o que al menos aprovechen los mismos en sus propios procesos productivos (simbiosis industrial), de manera que crezca la demanda de residuos valorizables en poder de los municipios.

La propuesta concreta en este caso sería pensar en un plan de incentivos a estas empresas, que vaya más allá de simples exoneraciones de impuestos y que pueda incluir financiamiento a tasas bajas (incluso subsidiadas) para poder entrar en el negocio.

En este momento el país invierte un 1% del PIB en incentivos a empresas de zonas francas, con un bajo valor agregado, mientras que promover esta industria tendría un valor agregado mucho mayor, por lo que su impulso sería más costo eficiente para el país.

El otorgamiento de créditos fiscales para la compra de equipo, subsidios en cargas sociales por la contratación de personal, financiamiento a tasas reducidas y a plazos más largos, utilizando los recursos del Fondo de Avales, etc.; serían ejemplos de mecanismos de estímulo económico para el desarrollo de una industria local para el procesamiento de residuos valorizables.

Como contraparte de esos beneficios, se le podría exigir a estas empresas la compra de los residuos valorizables municipales como un porcentaje fijo de sus negocios habituales en el largo plazo, así como a las industrias locales la reincorporación de los residuos de sus propios procesos productivos y del consumo de sus bienes, en sus propios procesos de producción (economía circular).

No podemos, ni debemos, seguir pensando en enterrar nuestros residuos de forma masiva como lo hemos hecho hasta ahora. Trascender esas prácticas es el próximo reto en la gestión de residuos sólidos del país.